El reciente balotaje volvió a poner a los peruanos del exterior en el centro de la sospecha. Pero deslegitimar su voto no resuelve ninguna injusticia: solo inventa una nueva
Por: Melitza Yanzich
Analista Política y Social
En estos días, mientras el país contiene el aliento ante un conteo cerradísimo, ha vuelto a brotar una vieja incomodidad disfrazada de argumento. En redes se repite, con rabia creciente, una idea peligrosa: que el voto de los peruanos que viven fuera «no debería contar», porque «ya no viven aquí», «no sufren lo que sufrimos» y —el verdadero motivo detrás del enojo— porque esta vez se inclinó mayoritariamente hacia una candidatura. El reproche no es nuevo, pero esta vez tiene nombre y números: el sufragio del exterior, que representa el 4,4% del padrón nacional, terminó pesando en una elección decidida por un margen estrechísimo.
Conviene decirlo sin rodeos: el malestar es comprensible, pero la conclusión es equivocada.
«Un derecho no se mide por el código postal.»
El derecho no está en discusión: está en la Constitución
Lo primero que hay que aclarar es que no estamos ante una concesión ni ante un privilegio que se otorga por simpatía. El voto de los peruanos en el exterior es un derecho constitucional. El artículo 30 de la Constitución define como ciudadanos a todos los peruanos mayores de dieciocho años, sin condicionar esa ciudadanía a vivir dentro del territorio. El artículo 31 reconoce el derecho al voto a todo ciudadano en goce de su capacidad civil y cierra con una frase contundente: es nulo y punible todo acto que prohíba o limite el ejercicio de ese derecho.
La residencia no es un requisito; la ciudadanía sí. Un peruano no deja de serlo al cruzar una frontera, igual que no deja de serlo al cambiar de departamento. Es más: desde 2020 los compatriotas del exterior conforman su propio distrito electoral, con representación parlamentaria propia. No son intrusos en la democracia peruana; son una parte formalmente reconocida de ella.
Quien pide que ese voto «no cuente» no está proponiendo un ajuste técnico. Está proponiendo retirarle la ciudadanía a tres millones y medio de peruanos por el delito de haber emigrado.
Datos clave
- 3,5 millones de peruanos viven en el extranjero, el 10,3% de la población nacional (INEI, 2024).
- 1.210.813 electores en el exterior estuvieron habilitados en 2026: el 4,4% del padrón (JNE/ONPE).
- Desde 2020 el exterior es un distrito electoral con representación propia en el Congreso.
- US$ 4.945 millones en remesas ingresaron al país en 2024, equivalentes al 1,7% del PBI, con un alza adicional cercana al 9% en 2025 (BCRP).
- Cerca del 60% de esas remesas se destina a necesidades básicas: alimentación y vivienda (BCRP).
- 7 de cada 10 emigrantes peruanos tienen estudios superiores; la mitad partió por motivos laborales (INEI/OIM).
¿Por qué incomoda este voto?
Seamos honestos con el argumento contrario, porque tiene una raíz real. Quien se quedó en el Perú vive de manera directa las consecuencias de quien gobierna: la inflación, la inseguridad, el hospital sin medicinas, el colegio sin techo. Quien votó desde Madrid, Santiago o Nueva Jersey, se dice, no madrugará a hacer cola en una posta ni esquivará una extorsión a la salida del trabajo. De ahí nace la sensación de que decide sobre una vida que ya no es la suya.
Esa asimetría existe y merece un debate serio. Pero de ahí no se sigue, en absoluto, que el remedio sea anular su voz. Por dos razones. Primero, porque el resentimiento de estos días no es realmente contra «los que no viven aquí»: es contra cómo votaron. Nadie cuestionaba el voto del exterior cuando se inclinaba hacia otras opciones. El reclamo aparece recién cuando el resultado incomoda. Y un derecho que solo se respeta cuando vota como uno quiere no es un derecho: es una concesión condicionada, y eso es justamente lo que la Constitución prohíbe.
Segundo, porque la premisa, que el migrante «ya no tiene nada que ver con el Perú» es sencillamente falsa.
Emigrar no es traicionar
Habría que recordar lo que significa irse. Nadie hace maletas hacia lo desconocido por capricho. Se emigra porque el país no ofreció lo que prometió: trabajo digno, seguridad, un futuro para los hijos. Salir exige un coraje que rara vez se reconoce desde la comodidad de quien nunca tuvo que hacerlo: dejar a la familia, empezar de cero en un idioma ajeno, aceptar empleos por debajo de la propia formación, soportar el desarraigo. La mayoría de quienes parten son jóvenes en edad productiva y con estudios superiores —profesores, ingenieros, enfermeras, administradores—; es decir, el país no solo expulsa personas, exporta el talento que no supo retener.
El migrante no abandonó al Perú. En la enorme mayoría de los casos, el Perú lo dejó sin opciones primero. Y aun así no se desentendió: siguió pendiente, siguió enviando, siguió votando. Esa fidelidad a la distancia merece respeto, no sospecha.
Los que se fueron sostienen a los que se quedaron
Y aquí está el dato que desarma cualquier acusación de desapego. En 2024, los peruanos del exterior enviaron al país US$ 4.945 millones en remesas, el equivalente al 1,7% del PBI, una cifra que siguió creciendo en 2025. Cerca del 60% de ese dinero financia necesidades básicas: comida, salud, vivienda, educación de los hijos que se quedaron.
No es una abstracción. Es el colchón silencioso que sostiene a cientos de miles de hogares peruanos, muchos de ellos en las mismas regiones que el Estado atiende tarde, mal o nunca. Quien sostiene económicamente a una familia, a una comunidad, a una parte del consumo nacional, ¿no tiene derecho a opinar sobre el rumbo del país que sostiene? El que se fue no dejó de aportar al Perú: en muchos casos aporta más, y desde más lejos, que quien lo critica.
«Emigrar no es renunciar al país. Es seguir cargándolo, ahora desde lejos.»
Una incomodidad legítima, una conclusión equivocada
Conviene una distinción que el debate suele perder. El reclamo de fondo —que quien vota debería convivir con las consecuencias de su voto— no es absurdo: apunta a una tensión genuina de toda democracia con diáspora. Pero la respuesta a esa tensión no es restar derechos, sino profundizar el vínculo y la representación.
Si algo revela esta coyuntura es que el voto del exterior dejó de ser marginal y se volvió políticamente decisivo. Lo maduro no es negarlo, sino tomárselo en serio: fortalecer la representación parlamentaria de la diáspora, mejorar una infraestructura electoral consular que hoy obliga a recorrer cientos de kilómetros para sufragar, y abrir el debate técnico, con seriedad, no con resentimiento, sobre el voto digital. Esa es la conversación que el Perú adulto debería tener. Quitarle la ciudadanía a quien se fue no la corrige: solo castiga al migrante por una falla que fue, antes que suya, del propio país.
El país no termina en la frontera
Tal vez el error de fondo sea creer que el Perú es solo un territorio. No lo es. El Perú es también la profesora que da clases en Italia y manda dinero a su madre en Cusco, el ingeniero en Chile que sigue cada noticia como si viviera a la vuelta de la esquina, la familia que en Nueva Jersey enseña a sus hijos a bailar marinera para que no olviden quiénes son. Esa peruanidad no se evapora con la distancia; muchas veces se vuelve más consciente, más militante, más leal.
Negarle el voto a quien se fue no protege la democracia: la empequeñece. Porque una nación que solo reconoce como suyos a los que se quedaron está declarando, sin decirlo, que prefiere olvidarse de un tercio de su gente. Y un país que reniega de los suyos cuando votan distinto no está defendiendo la democracia: está confesando que nunca terminó de creer en ella.
Fuentes: Constitución Política del Perú (arts. 30 y 31); INEI (2024); BCRP (remesas 2024–2025); JNE / ONPE (padrón y resultados del exterior, Elecciones Generales 2026); OIM.
