Por eso, más allá de si la IA representa o no un riesgo existencial para la especie —algo que, insisto, ni los propios expertos logran zanjar—, lo que sí está en nuestras manos, hoy, es construir una posición clara e informada frente a ella. No se trata de temerle ni de idolatrarla, sino de exigir que su desarrollo y su uso —en la empresa privada, en el Estado, en nuestras propias vidas— estén orientados a potenciar lo mejor de nuestra humanidad y no a sustituirla
Por: Carla Mares
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En las últimas semanas, el debate sobre la inteligencia artificial (IA) ha dado un giro que parecía reservado a la ciencia ficción. En setiembre, un exinvestigador de OpenAI, Jacob Coxon, renunció públicamente advirtiendo que quienes construyen estos sistemas temen, puertas adentro, que la tecnología pueda terminar por matarnos a todos antes de que termine la década. Poco después, el jefe de ciencia de alineamiento de Anthropic, Evan Hubinger, respaldó la alerta con una cifra concreta: estimó que ese riesgo existe, aunque lo situó en un 10%. Del otro lado, pioneros como Andrew Ng calificaron el escenario apocalíptico de «más ciencia ficción que ciencia», y un informe internacional elaborado por más de cien especialistas concluyó que los sistemas actuales muestran señales tempranas de algunas capacidades relevantes, pero no las necesarias para provocar una pérdida de control.
¿Quién tiene razón? Honestamente, no lo sé, y sospecho que nadie lo sabe con certeza todavía. Lo que sí entiendo es que centrar toda la conversación en el escenario del exterminio nos distrae de dos preguntas mucho más urgentes y, sobre todo, mucho más manejables: ¿qué le está haciendo la IA a nuestra capacidad de pensar? Y, en paralelo, ¿qué podemos hacer con ella para resolver problemas muy concretos, como la corrupción?
Antes de imaginar una superinteligencia que decida prescindir de la humanidad, deberíamos preocuparnos por algo mucho más cercano: la posibilidad de que dejemos de ejercitar el juicio propio porque ya no hace falta. Cuando un estudiante le pide a un chatbot que le resuma un libro que no leyó y entrega ese resumen como si fuera su análisis, no está usando una herramienta: está delegando el pensamiento. Cuando un funcionario público firma un informe técnico generado íntegramente por un modelo, sin verificar sus supuestos ni entender sus límites, ocurre lo mismo a otra escala. Cuando un abogado deja que la máquina redacte los argumentos y se limita a pegarlos, el oficio pierde su sentido: ya no hay una mente detrás, hay solo un filtro.
Ese es, para mí, el peligro real: no una IA que se subleva, sino una humanidad que abdica. Una sociedad de personas que ya no contrastan fuentes, que no discuten con sus propias ideas antes de aceptar una respuesta, que confunden la fluidez de un texto generado con la solidez de un argumento. La atrofia del pensamiento crítico no necesita superinteligencia: se produce con la tecnología que ya tenemos, todos los días, cada vez que elegimos la comodidad de la respuesta rápida por encima del esfuerzo de pensar.
Y aquí está lo interesante. La propia tecnología que puede volvernos perezosos es, usada con criterio, una de las herramientas más poderosas que tenemos, por ejemplo, contra uno de los males más arraigados en nuestra región: la corrupción.
Pensemos en las contrataciones públicas, ese terreno donde tantas veces se amañan resultados, se inflan precios o se favorece de antemano a un postor. Un sistema de IA bien diseñado podría analizar de manera objetiva y estandarizada cada propuesta técnica y económica presentada en una licitación, comparar precios contra bases de datos históricas de mercado, detectar patrones de sobrecosto y advertir automáticamente cuando una oferta se aparta sospechosamente del resto —sin que exista margen para que una llamada telefónica o una coima inclinen la balanza antes de que el comité de evaluación siquiera revise los documentos—. El algoritmo no almuerza con nadie, no tiene un sobrino que necesita el contrato, no responde a un partido político.
Los ejemplos no terminan ahí. La IA puede cruzar en segundos las declaraciones juradas de miles de funcionarios con los registros de empresas que contratan con el Estado, exponiendo conflictos de interés que hoy tardan años en descubrirse —si es que se descubren—. Puede auditar en tiempo real el gasto de gobiernos regionales y municipales, alertando sobre desembolsos que no corresponden a obras físicas verificables. Puede sistematizar y hacer públicos, en lenguaje comprensible, miles de páginas de presupuestos y expedientes que hoy solo un puñado de especialistas logra descifrar, democratizando así el control ciudadano.
El hilo que conecta ambos extremos —el riesgo de la pereza intelectual y la promesa anticorrupción— es el mismo: la IA no es buena ni mala en sí misma. Es un martillo que puede construir una casa o romper un cráneo, dependiendo de quién lo empuñe. El resultado depende de tres preguntas que nunca deberíamos dejar de hacernos: quién la usa, para qué la usa y cómo la usa. Asi, un funcionario honesto puede usar la IA para blindar un proceso de compras públicas contra la corrupción; uno corrupto puede usarla para simular una evaluación objetiva mientras predetermina al ganador por otros medios, cubriendo sus huellas con más sofisticación que nunca. Un ciudadano curioso puede usarla para entender mejor un presupuesto público; otro puede usarla para dejar de leer, de contrastar y de pensar por sí mismo.
Por eso, más allá de si la IA representa o no un riesgo existencial para la especie —algo que, insisto, ni los propios expertos logran zanjar—, lo que sí está en nuestras manos, hoy, es construir una posición clara e informada frente a ella. No se trata de temerle ni de idolatrarla, sino de exigir que su desarrollo y su uso —en la empresa privada, en el Estado, en nuestras propias vidas— estén orientados a potenciar lo mejor de nuestra humanidad y no a sustituirla. La verdadera pregunta no es si las máquinas van a pensar como nosotros. Es si nosotros vamos a seguir pensando por nosotros mismos.
Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
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