Ex trabajadores de Cepsa denuncian que Superintendente de Migraciones los despojó de su propiedad 

• Jorge Fernández Campos está denunciado por inscribir laudo arbitral fraudulento en Registros Públicos

 Los ex trabajadores de la desaparecida Compañía Embotelladora del Pacífico-CEPSA fabricante de Pepsi Cola, entre otras gaseosas, denunciaron a Jorge Fernández Campos, actual Superintendente Nacional de Migraciones y a José Constantino Heredia Larrañaga, hijo del expropietario por confabularse para despojarlos de su propiedad de 28 mil metros cuadrados ubicados en la Av. Venezuela.

Refieren que todo empezó hace años cuando la antigua fábrica entró en insolvencia. Al liquidarse, su propietario dejó para sus trabajadores, la planta embotelladora, con la finalidad de cubrir sus beneficios sociales. Sin embargo, en el 2014, José Constantino Heredia Larrañaga, hijo del propietario, a través de Inmobiliaria Ciudad Grafica SAC, empresa que creó él mismo, armó laudos arbitrales fraudulentos con la intervención del árbitro único Ad hoc Jorge Armando Fernández Campos (actual Superintendente Nacional de Migraciones) para obligar a CEPSA transferir el inmueble a su inmobiliaria, sin que los trabajadores sean parte del proceso arbitral.

Los trabajadores, representados por CEPSA en Liquidación, tomaron conocimiento de este laudo y presentó una acción de amparo ante el 5to. Juzgado Constitucional de Lima, logrando una medida cautelar que ordenaba al árbitro (hoy Superintendente de Migraciones) abstenerse de ordenar la transferencia del inmueble a favor de terceros sin la participación expresa de CEPSA, habida cuenta que en registros Públicos aparecía como propietaria del inmueble.

SUPERINTENDENTE DE MIGRACIONES EL GRAN RESPONSABLE

Sin embargo, en agosto del 2020 Jorge Armando Fernández Campos interviene y solicita al notario Manuel Reátegui Tomatis protocolizar el laudo arbitral fraudulento, a sabiendas de estar prohibido.  Así, a exigencia de Fernández Campos, el notario Reátegui, pide a Registros Públicos inscribirlo a efectos de transferir el inmueble a favor de Inmobiliaria Ciudad Grafica SAC empresa de José Constantino Heredia Larrañaga.

En diciembre del 2020, CEPSA en Liquidación se entera de este ilegal pedido de inscripción y advierte al notario Reátegui del fraude realizado por Fernández Campos y Constantino Heredia Larrañaga. Ante ello, el notario demanda anular esta inscripción de transferencia del inmueble. Sin embargo, a comienzos de este año, a requerimiento del mismo notario Reategui Tomatis, José Constantino Heredia Larrañaga, exige a Registros Públicos inscribirle en su favor la mencionada propiedad. Para ello se amparó en el pedido del actual superintendente de migraciones, pese a la sentencias del amparo a favor de los trabajadores y a que estaba prohibido de hacerlo.

FERNÁNDEZ CAMPOS ESTÁ DENUNCIADO PENALMENTE

Informan los trabajadores que, por todos estos motivos, tanto el exárbitro ad hoc Jorge Armando Fernández Campos (hoy superintendente de Migraciones), José Constantino Heredia Larrañaga y el notario público Manuel Reátegui Tomatis están denunciados penalmente por presunta organización criminal, estafa, fraude procesal, falsificación de documentos y falsedad ideológica, entre otros.

El Dr. Julio Rodríguez, quien patrocina la denuncia penal de CEPSA en Liquidación señala que estas personas se han apoderado de este terreno a través de un supuesto laudo arbitral que en su momento fue declarado inexistente por una acción de amparo. “Tenemos una serie de comportamientos ilegales que se han producido en el tiempo, una serie de delitos que van desde estafa, defraudación, fraude procesal, falsificación de documentos, todo orquestado con el objetivo de generar este tipo de comportamiento de despojo inmobiliario” precisó.

Por su parte, el Dr. Enrique Ghersi, quien tiene a cargo las acciones civiles y administrativas de CEPSA en Liquidación,  que incluye a los trabajadores, confirma que   “El doctor Fernández Campos, que ha sido designado recientemente para el importante puesto de Superintendente de Migraciones ha sido denunciado. Es decir, nos encontramos frente a una persona que está siendo investigada por el Ministerio Público por delitos, todos ellos muy graves, incluido organización criminal, como consecuencia de su actuación como árbitro”.

«¿Quiénes más están amparando este accionar? ¿Por qué el sistema de justicia dilata tantos años la solución?, ¿por qué la Superintendencia Nacional de Registros Público permite nuevos casos al estilo de la Red Orellana?», se preguntaron los ex trabajadores de Cepsa.