El nuevo mandatario no representa un cambio, sino una administración de la inercia. Llegó al poder por accidente y decisión del Congreso y depende completamente de él para sostenerse. En ese contexto, su margen de maniobra es nulo. No se enfrentará al Parlamento ni impulsará reformas estructurales, porque su supervivencia depende de la misma coalición que vacó a Boluarte para protegerse a sí misma
Por: Mg. Franz Portugal Bernedo
Director del Programa PERÚ 2030 por la Red de Comunicación Regional – RCR
La vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Enrique Jerí como presidente de la República marcan un punto de inflexión en la crisis política peruana, aunque no necesariamente un cambio de rumbo. En apariencia, el país ha cerrado un ciclo; en la práctica, ha reafirmado un modelo en el que el Congreso es el verdadero eje de poder. El reemplazo de Boluarte no responde a una renovación institucional, sino a una maniobra de cálculo político en vísperas de las elecciones de 2026, donde los mismos actores buscan reposicionarse sin rendir cuentas de su complicidad. El desenlace confirma que la causal de “incapacidad moral permanente” se ha consolidado como un arma parlamentaria para reconfigurar el poder sin mediación ciudadana.
El fin del pacto de impunidad y el inicio del reajuste político
Durante más de dos años, el Congreso y el Ejecutivo mantuvieron un pacto tácito de supervivencia: “tú no me vacas, yo no te disuelvo”. Fue un equilibrio precario, pero funcional para ambos. Sin embargo, al iniciar el último año de gobierno, cuando la Constitución prohíbe disolver el Parlamento, Boluarte perdió su principal herramienta de negociación. Convertida en una figura políticamente tóxica, sin respaldo popular ni capacidad de gestión, dejó de ser útil a las bancadas que la habían blindado frente a las acusaciones de corrupción, represión y abandono de funciones. El Congreso simplemente decidió cambiar de pieza para salvarse a sí mismo.
La vacancia fue, por tanto, menos un acto de control político que una operación de limpieza electoral. El Parlamento necesitaba distanciarse de Dina Boluarte para no asumir la factura política de haber sostenido a una presidenta con 2% de aprobación.
Así, la narrativa del “cambio responsable” intenta lavar la imagen de un Congreso igualmente repudiado. Se trata de una maniobra que busca reconfigurar el tablero político antes de los comicios de 2026, donde las fuerzas tradicionales, en especial el fujimorismo y sus aliados, pretenden conservar el control del Estado mediante nuevas alianzas y discursos de “reconciliación nacional”.
¿Un gobierno de transición o un Ejecutivo subordinado?
El nuevo presidente José Enrique Jerí asume el poder sin legitimidad electoral ni respaldo ciudadano. Su gobierno, formalmente de transición, enfrenta el desafío de no ser percibido como una simple prolongación del Congreso. La estructura de poder que lo llevó a Palacio es la misma que dominó el último quinquenio: la coalición parlamentaria compuesta por Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular y otros bloques menores. Esa coalición no ha perdido cohesión, aunque sí presenta fisuras.
Jerí fue su producto de consenso: un perfil sin confrontación, con buena relación parlamentaria, capaz de garantizar estabilidad y continuidad. Pero ese equilibrio implica subordinación: Jerí tiene márgenes estrechos para impulsar reformas o romper con los intereses del Congreso. Es la continuidad del poder.
En los primeros días de su gestión, su discurso sobre “reconciliación y empatía” fue interpretado como un intento de legitimar su presidencia ante la población y los mercados, pero no cambió la esencia del régimen. Su margen de maniobra dependerá de tres factores: la disciplina del Congreso, la reacción ciudadana y la postura de los grupos económicos. Si alguno de estos ejes se desestabiliza, el gobierno de transición puede convertirse en una administración de crisis. De momento, Jerí parece más un mediador entre intereses que un conductor del Estado.
Keiko Fujimori: la operadora del poder
La pregunta sobre el control político de Keiko Fujimori no requiere grandes elucubraciones: el fujimorismo mantiene la influencia decisiva tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Sin ser gobierno formal, Fuerza Popular ejerce un poder real a través de la Mesa Directiva, las comisiones estratégicas y las alianzas con otros grupos parlamentarios.
Keiko ha sabido administrar su poder desde la sombra, consolidando un modelo de control político sin responsabilidad directa. Con Jerí en Palacio, esa fórmula se mantiene: el Ejecutivo opera bajo supervisión del Congreso, y el Congreso, bajo el cálculo político del fujimorismo.
Esa hegemonía, sin embargo, muestra señales de desgaste. Las tensiones internas entre Fuerza Popular, APP y Renovación Popular con Podemos se agudizan conforme se acercan las elecciones. Cada bloque intenta posicionar su narrativa como la del “orden” frente a un país desbordado por la inseguridad, pero compiten entre sí por el mismo electorado conservador. La fisura no es ruptura, pero podría transformarse en fragmentación durante la campaña, especialmente si Jerí intenta proyectar una mínima autonomía.
¿Reacción social y nuevo ciclo de movilización?
Otro factor para observar será la respuesta de la sociedad. Aunque el clima político parece dominado por la apatía, la caída de Boluarte puede reactivar la indignación acumulada. Las organizaciones sociales, los transportistas, los gremios regionales y, sobre todo, la generación Z —movilizada en las protestas de 2022 y 2023— han demostrado que pueden convertirse en un actor disruptivo cuando perciben abuso de poder o impunidad. Si el nuevo gobierno repite la fórmula de la exclusión y la represión, es probable que el descontento aumente, ahora con un discurso más articulado: contra el sistema en su conjunto, no solo contra una figura presidencial.
En este contexto, las fuerzas democráticas, los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, los colectivos juveniles y las regiones tienen ante sí una oportunidad histórica: articular una agenda ciudadana que no se limite a la resistencia, sino que trace un horizonte político alternativo. La tarea no es menor: reconstruir la legitimidad del Estado desde abajo, forjar una nueva mayoría social y empujar un proceso de transición democrática que no quede secuestrado por los mismos actores que llevaron al país al colapso.
Conclusión
El desenlace político de la vacancia de Dina Boluarte y la llegada de José Enrique Jerí no inaugura una transición democrática, sino la continuidad del mismo régimen de impunidad y corrupción que domina el país desde hace varios años. Jerí, un joven de 38 años sin experiencia en la gestión pública, sin equipo técnico sólido, de dudosa reputación y una precaria base política parlamentaria de 10 miembros, carece de cualquier posibilidad real de romper el círculo vicioso que une a la clase política con los intereses económicos, judiciales y criminales que controlan el Estado.
El nuevo mandatario no representa un cambio, sino una administración de la inercia. Llegó al poder por accidente y decisión del Congreso y depende completamente de él para sostenerse. En ese contexto, su margen de maniobra es nulo. No se enfrentará al Parlamento ni impulsará reformas estructurales, porque su supervivencia depende de la misma coalición que vacó a Boluarte para protegerse a sí misma. El pacto de impunidad y conveniencia seguirá operando con nuevas formas: la Fiscalía será asfixiada presupuestalmente, las leyes procrimen seguirán vigentes y los sectores corruptos del Legislativo continuarán dictando la agenda nacional.
Hablar de “reconciliación” o de “gobierno de transición” es una ficción discursiva. En realidad, Jerí encarna la fase final de un ciclo político agotado, un gobierno instrumental cuya función es administrar el tiempo hasta las elecciones de 2026, evitar reformas y preservar el statu quo que garantiza impunidad a las élites políticas y judiciales.
El país, mientras tanto, sigue sumido en el deterioro institucional, la desconfianza ciudadana y la expansión del crimen organizado como poder paralelo. La democracia peruana, reducida a un mecanismo de rotación de rostros sin renovación del sistema, enfrenta un colapso silencioso: un Estado capturado, un Congreso que gobierna sin legitimidad y un Ejecutivo que solo existe para cumplir las formalidades constitucionales.
En estas condiciones, el gobierno de José Enrique Jerí no será recordado como un intento de reconstrucción nacional, sino como la confirmación de que el sistema político peruano ha perdido toda capacidad de regenerarse desde dentro. Lo que viene no es transición, sino prolongación del mismo modelo de decadencia. Si algo puede romper el ciclo, no vendrá del poder, sino de la sociedad: de una ciudadanía organizada y movilizada. La lucha continua y sigue vigente la consigna: que se vayan todos.
