El crecimiento de las plantaciones ilegales de marihuana ya no preocupa sólo por el narcotráfico. El problema ha escalado hasta convertirse en una amenaza directa para la red eléctrica española, especialmente en Andalucía y Cataluña, donde vecinos denuncian apagones constantes, transformadores saturados y subidas de tensión provocadas por consumos clandestinos descontrolados
Fuente: papernest.es
La noticia cobra fuerza ahora porque la semana pasada Endesa difundió cifras históricas sobre fraude energético: 72.700 enganches ilegales detectados en 2025, el dato más alto de los últimos cinco años. La compañía sostiene además que el 26% de toda la electricidad robada está vinculada a cultivos indoor de marihuana. Mientras tanto, miles de usuarios buscan información sobre los frecuentes cortes de luz que afectan a numerosos barrios.
¿Cuál es el gasto eléctrico real de las plantaciones ilegales?
La realidad es que las plantaciones ilegales consumen energía prácticamente como una pequeña instalación industrial. Las investigaciones policiales revelan que muchas viviendas utilizadas para cultivar cannabis funcionan las 24 horas con sistemas de ventilación, iluminación de alta intensidad y climatización constante, todo esto por supuesto desde el anonimato, y sin tener dada de alta la luz. En operativos recientes desarrollados en Madrid y Castilla-La Mancha se ha constatado que una sola plantación puede llegar a consumir tanta electricidad como decenas de hogares, con instalaciones que superan fácilmente el consumo de varios miles de kWh mensuales.
Este nivel de consumo se explica porque mantener una plantación indoor activa de forma continua implica el uso intensivo de lámparas de alto voltaje (a menudo entre 600 y 1000 vatios por foco), además de extractores de aire, ventiladores industriales y sistemas de control térmico que deben operar sin interrupción. En plantaciones de tamaño medio, las fuerzas de seguridad han detectado consumos equivalentes a 10.000–20.000 kWh al mes, una cifra comparable al gasto energético de edificios residenciales completos.
La realidad es esta: con el actual precio de la luz, estos costes energéticos serían tan elevados que la mayoría de estas explotaciones dejarían de ser rentables si tuvieran que asumir legalmente el gasto eléctrico. Por eso recurren al fraude mediante enganches ilegales, trasladando un consumo masivo a la red pública y generando un impacto que termina afectando a toda la infraestructura eléctrica.
Andalucía y Cataluña, epicentro de los apagones vinculados al cannabis
En varios barrios conflictivos del sur de España y del área metropolitana de Barcelona, los vecinos denuncian desde hace meses una situación límite. Los cortes de suministro se han convertido en parte de la rutina diaria debido a redes eléctricas sobrecargadas por plantaciones clandestinas.
La polémica también salpica a las comercializadoras. Usuarios afectados reclaman responsabilidades a compañías como Endesa mientras las administraciones intercambian acusaciones sobre quién debe actuar primero.
El problema, sin embargo, parece desbordar tanto a ayuntamientos como a fuerzas de seguridad.
Expertos energéticos advierten de que España se está consolidando como uno de los grandes centros europeos de producción de marihuana indoor gracias a una combinación de clima favorable, dificultad de control y elevado fraude eléctrico.
El coste oculto del fraude lo terminan pagando los ciudadanos
Aunque las conexiones ilegales no aparecen en las facturas individuales, el impacto económico termina repercutiendo en el conjunto del sistema eléctrico. Técnicos del sector sostienen que las pérdidas derivadas del robo energético acaban afectando al mantenimiento de la red y a la estabilidad del suministro. La sensación entre muchos ciudadanos es clara: mientras unos pagan cada kilovatio, otros explotan redes clandestinas que ponen barrios enteros al borde del colapso energético.
