Prometer más sin un diagnóstico serio puede dejar a los más vulnerables sin el empleo formal que hoy tienen
Por: Carla Mares (*)
https://carlamares.com/
En campaña, las promesas de aumentar el sueldo mínimo suenan bien. Son fáciles de comunicar, apelan a una necesidad real y generan aplausos inmediatos. Roberto Sánchez la ha lanzado, y vale la pena analizarla con la misma seriedad con que debería haberse formulado.
Dicho esto con claridad: nadie que entienda la situación de los trabajadores peruanos puede estar en contra de que ganen más. El problema no es el objetivo, sino el instrumento y, sobre todo, la forma en que se propone.
En el Perú, el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) no es una decisión que un presidente pueda tomar de manera unilateral y caprichosa. Existe el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), un organismo tripartito que reúne a representantes del Estado, los empleadores y los trabajadores, precisamente para que cualquier ajuste esté respaldado por evidencia técnica y consenso. Saltarse ese mecanismo no es audacia, es demagogia.
«La RMV es, en esencia, un control de precios sobre el trabajo. Y los controles de precios, cuando no responden a la productividad real, generan escasez.»
Pero hay un problema de fondo que va más allá del procedimiento. La RMV es, en esencia, un control de precios sobre el trabajo: establece que ningún trabajador formal puede ganar menos de cierta cantidad. Y los controles de precios, cuando no responden a la productividad real, generan escasez. En este caso, la escasez se llama informalidad.
El salario que un empleador puede pagar sosteniblemente está ligado a lo que ese trabajador produce. Y la productividad, a su vez, depende del nivel educativo, la capacitación y las herramientas que una persona tiene a su disposición. Los peruanos son, por cultura y necesidad, extraordinariamente trabajadores. El problema es que el sistema educativo no les ha dado las competencias suficientes para competir en un mercado cada vez más exigente. Eso no se resuelve con un decreto.
Cuando el costo laboral sube de manera artificial, las grandes empresas lo absorben. Las pequeñas, no. Y en el Perú, son las micro y pequeñas empresas las que emplean a la mayoría de trabajadores. Muchas de ellas ya operan al límite, cargando con beneficios sociales, CTS, gratificaciones y un régimen de desvinculación tan rígido que desalienta la contratación formal. Un aumento mal calibrado de la RMV no las hará más generosas: las empujará a contratar en la sombra, a reducir planilla o a cerrar.
El resultado, paradójico pero predecible, es que los trabajadores más vulnerables —aquellos a quienes supuestamente busca proteger la medida— son los primeros en perder su empleo formal y caer al empleo informal, donde no hay beneficios, no hay seguro médico y no hay nada que los proteja.
El Perú ya tiene una de las tasas de informalidad laboral más altas de la región, rondando el 70%. Aumentar la RMV sin un diagnóstico riguroso, sin evaluar el impacto sectorial y sin reformar el marco laboral que encarece la formalidad, es echarle más leña a ese fuego.
Lo que el país necesita no es una promesa de campaña que suene bien en un mitin, sino una estrategia seria para mejorar la educación técnica, flexibilizar la contratación de manera que sea atractiva para las pequeñas empresas y reducir los costos no salariales que hoy hacen que contratar formalmente sea casi un lujo. Ese es el camino hacia salarios más altos que duren, que no dependan de un decreto y que no se financien con la precariedad de los más débiles.
Aplaudir sin preguntar tiene costos. En este caso, los pagarían quienes menos pueden permitírselo.
(*) Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
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