El crédito suplementario de S/ 4000 millones puede tener justificaciones válidas. Pero un gasto sin fuente de financiamiento clara, aprobado a días del cambio de gobierno, que requiere romper techos de endeudamiento y que deja pendiente la pregunta central, no es una señal de buena gestión. Es una señal de que el próximo gobierno empieza debiendo —en todos los sentidos de la palabra—.
Por: Carla Mares
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A días del cierre de la legislatura ordinaria —la última de esta representación—, el gobierno del presidente Balcázar presentó al Congreso un proyecto de ley para ampliar el presupuesto público de 2026 en más de S/ 4000 millones. A esto se le llama «crédito suplementario»: en términos sencillos, es como pedir que te aprueben un gasto extra en casa porque el presupuesto mensual ya no alcanza. La diferencia es que, en lo doméstico, uno sabe de dónde saldrá el dinero extra —se recortará de otro lado, se usarán ahorros o se pedirá un préstamo—. En el Estado peruano, la respuesta no está del todo clara. Y eso es, precisamente, lo que debería preocuparnos.
El crédito suplementario tiene destinos concretos y, en varios casos, justificados: inversión pública orientada al cierre de brechas, continuidad de obras, atención de emergencias por fenómenos climáticos, becas educativas del Pronabec, bonificaciones para docentes, auxiliares y trabajadores del régimen CAS, y el financiamiento de las elecciones regionales y municipales de octubre. Nada de esto suena caprichoso. El problema no está en el qué, sino en el cómo.
Antes de que el Ejecutivo remitiera el proyecto al Congreso, circuló entre los gremios empresariales un borrador de decreto supremo con medidas que encendieron las alarmas. ComexPerú, la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Bodegueros, entre otros, advirtieron que el gobierno estaría preparando un paquete tributario para elevar la recaudación: aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) —que grava bebidas alcohólicas, gaseosas y otros productos similares—, reducción del “drawback” de 3% a 1%, y la ampliación del régimen de percepciones del IGV.
¿Qué es el “drawback”? Es un mecanismo que les devuelve a los exportadores parte de los aranceles pagados por insumos importados. Reducirlo a la mitad significaría encarecer los costos de producción de quienes exportan y, con ello, golpear la competitividad del sector. Los gremios tenían razón en alzar la voz: no es admisible que un gobierno, a semanas de entregar el mando, cambie las reglas tributarias que regirán para el siguiente. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), finalmente, desmintió que existiera tal proyecto y descartó cualquier alza del ISC. Bien. Pero el episodio dejó una pregunta sin respuesta: si no son impuestos, ¿de dónde saldrá el dinero?
El proyecto del Ejecutivo identifica cuatro fuentes: más de S/ 2000 millones de recaudación tributaria de la SUNAT; S/ 611 millones de utilidades del Banco de la Nación; S/ 300 millones de utilidades del FONAFE (el fondo que administra las empresas del Estado); y S/ 1260 millones mediante emisión interna de bonos soberanos.
Los bonos soberanos son, en esencia, una forma de deuda pública. El Estado los emite, los inversionistas los compran —como si le prestaran dinero al gobierno— y el Tesoro se compromete a devolvérselos con intereses en un plazo determinado. Es un mecanismo legítimo y habitual. El problema está en el detalle: el proyecto reconoce explícitamente que esta emisión se realizaría “fuera de los montos máximos” autorizados por la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2026.
Dicho en términos claros: la ley fija un techo para cuánto puede endeudarse el Estado internamente durante el año. El gobierno quiere superar ese tope. Para hacerlo de manera legal, necesita que el propio Congreso lo autorice mediante una norma específica. Y eso es exactamente lo que el presidente ha anunciado: enviará pronto una propuesta legislativa para captar los recursos que completen el financiamiento del crédito suplementario.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, estimó que el impacto de esta medida sobre las reglas fiscales en 2026 no sería material en términos cuantitativos. Pero señaló algo más importante: “erosiona el compromiso del MEF con la consolidación fiscal y afecta su credibilidad”. La señal que se envía —que los techos de endeudamiento son negociables cuando conviene— es más costosa que el monto en sí.
De otra parte, si bien la economía peruana creció en abril 3.7%, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, lo ha calificado como un «crecimiento pálido»: con los precios actuales del oro y el cobre en niveles históricos, el Perú debería estar creciendo a tasas cercanas al 6%, no a las que registra. Esto es, hay un potencial desaprovechado que tiene costos reales en empleo y bienestar.
A eso se suma un Congreso que ha aprobado en los últimos meses una serie de leyes que expanden el gasto público sin identificar fuentes de financiamiento sostenibles: aumentos de pensiones, nuevos beneficios laborales, ampliaciones presupuestales de toda índole. El Consejo Fiscal, presidido por el exministro Alonso Segura, ha advertido que el efecto acumulado de estas iniciativas suma decenas de miles de millones de soles en compromisos futuros. Hablemos claro: las promesas de hoy son las facturas de mañana.
Y “mañana”, en este caso, llegará en julio, con un nuevo gobierno que habrá heredado no solo ese déficit latente, sino también los desafíos de la fragmentación territorial, la polarización social, y la amenaza concreta del Niño Costero y el Niño Global, fenómenos que afectarán seriamente a la pesca, la agricultura y, consecuentemente, a millones de compatriotas vulnerables.
Quien asuma el gobierno en julio encontrará un escenario fiscal más estrecho que el que dejaron gestiones anteriores. Habrá prometido cosas en campaña —todos lo hacen—; pero gobernar exige confrontar la realidad de los números. Y los números peruanos hoy exigen disciplina, no generosidad improvisada.
Por eso, la elección del ministro de Economía y Finanzas no es un trámite administrativo: es, probablemente, la decisión más importante que tomará el nuevo mandatario en sus primeras semanas. Se necesita a alguien con voluntad firme para decir “no” cuando corresponda; con solvencia técnica para leer las cuentas públicas y proponer medidas que funcionen; y con experiencia real en el sector para no “aprender” a costa del país.
El crédito suplementario de S/ 4000 millones puede tener justificaciones válidas. Pero un gasto sin fuente de financiamiento clara, aprobado a días del cambio de gobierno, que requiere romper techos de endeudamiento y que deja pendiente la pregunta central, no es una señal de buena gestión. Es una señal de que el próximo gobierno empieza debiendo —en todos los sentidos de la palabra—.
Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
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