Técnica, política y confianza ciudadana
Por: Elizabeth Adrianzen
Vivimos una época en la que la confianza en las instituciones públicas atraviesa una de sus mayores crisis. Los constantes casos de corrupción, la inestabilidad política y la polarización han llevado a que una parte importante de la ciudadanía observe con desconfianza todo lo relacionado con el Estado. En ese contexto, quienes aceptan asumir responsabilidades públicas suelen ser juzgados, antes que por sus capacidades o resultados, por el gobierno que los designó, por sus cercanías politicas pasadas o recientes, o por la percepción política que otros construyen sobre ellos.
Esta realidad plantea una pregunta necesaria: ¿es posible servir al país desde un cargo público sin quedar atrapado en las etiquetas políticas?
La respuesta debería ser afirmativa. Un Estado moderno requiere gobiernos con legitimidad democrática para definir las prioridades nacionales, pero también necesita equipos técnicos capaces de convertir esas prioridades en políticas públicas eficaces. La política fija el rumbo; la técnica hace posible recorrer el camino.
Sin embargo, con frecuencia ambos conceptos se confunden. Se asume que todo profesional que acepta un cargo comparte íntegramente la ideología del gobierno que lo designa, cuando muchas veces su motivación responde al compromiso de aportar conocimiento, experiencia y capacidad de gestión al servicio del país.
Esta percepción tiene consecuencias. Muchos profesionales altamente calificados prefieren mantenerse alejados del Estado para evitar cuestionamientos personales, ataques en redes sociales o estigmatización política. El resultado es preocupante: el sector público pierde talento precisamente cuando más lo necesita, debilitando su capacidad para diseñar e implementar políticas públicas de calidad.
La confianza ciudadana no se recuperará excluyendo a quienes deciden servir desde la gestión pública. Se fortalecerá cuando las instituciones promuevan procesos transparentes, meritocráticos y orientados a resultados. Un funcionario debe ser evaluado por la calidad de sus decisiones, el uso responsable de los recursos públicos, el cumplimiento de la ley y el impacto de su gestión, no únicamente por el contexto político en el que fue designado.
La corrupción ha dejado profundas heridas y ha deteriorado la credibilidad de diversas organizaciones políticas e instituciones públicas. Pero trasladar esa responsabilidad colectiva a toda persona que decide participar en la administración del Estado puede convertirse en una forma de descalificación anticipada que limita la incorporación de profesionales honestos y competentes.
Las democracias más sólidas han comprendido que la política y la técnica no son fuerzas opuestas, sino complementarias. La política expresa la voluntad democrática y define el horizonte; la técnica aporta evidencia, conocimiento y capacidad de ejecución. Cuando ambas actúan dentro de un marco de ética, transparencia y rendición de cuentas, el resultado es una mejor gobernanza y mejores políticas públicas.
El Perú necesita avanzar hacia una cultura donde el mérito profesional no quede subordinado a las etiquetas políticas. Ello no significa renunciar al escrutinio ciudadano ni disminuir las exigencias de transparencia. Significa comprender que el verdadero debate debe centrarse en los resultados, la integridad y el compromiso con el interés público.
Servir al Estado no debería entenderse como un acto de adhesión partidaria, sino como una expresión de responsabilidad con el país. Necesitamos más ciudadanos dispuestos a aportar desde el conocimiento, la experiencia y los valores, independientemente del gobierno de turno. Porque los desafíos nacionales trascienden los periodos políticos y requieren instituciones capaces de preservar el talento, fortalecer la confianza y construir políticas públicas que perduren más allá de una gestión.
Solo cuando logremos mirar a los servidores públicos por lo que hacen y no únicamente por quién los nombró, habremos dado un paso importante hacia un Estado más profesional, una democracia más madura y un país que valore el servicio público como un verdadero instrumento de desarrollo.
