La bicameralidad puede requerir más presupuesto. Lo que no debería requerir es convertir la ineficiencia y el desprestigio en razones para recibir más dinero de los contribuyentes
Por: Carla Mares (*)
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El Congreso ha solicitado, mediante el Proyecto de Ley N.º 14799/2025-PE, un crédito suplementario con cargo a los recursos que no utilizó durante el año pasado (nada menos que S/ 151 millones). La explicación oficial es que el dinero servirá para culminar la implementación de la bicameralidad y, en esta línea, para instalar el futuro Senado
A primera vista, el argumento podría parecer razonable. La vuelta a la bicameralidad exigirá nuevas oficinas, equipamiento y adecuaciones logísticas. Pero basta revisar el detalle del proyecto para advertir que la realidad es bastante distinta.
De cada 100 soles que el Congreso solicita, apenas 17 soles serían destinados a gastos de capital, es decir, a infraestructura, equipamiento o inversiones vinculadas con la instalación del Senado. Los otros 83 soles se emplearían en gasto corriente: planillas, obligaciones laborales, pagos a excongresistas y otros gastos de funcionamiento.
La pregunta es inevitable: ¿realmente estamos financiando la implementación de la bicameralidad, o estamos utilizando ese argumento para incrementar el presupuesto ordinario del Congreso?
Y aquí aparece un problema adicional. En materia presupuestal, los recursos públicos no se asignan por inercia ni por la mera voluntad de la entidad que los solicita. Toda transferencia extraordinaria (incluso exige una justificación clara, específica y verificable. Si el argumento para pedir más dinero es la implementación de la bicameralidad, pero la mayor parte de los recursos se destinará a gasto corriente, el sustento resulta, cuando menos, insuficiente.
Porque la discusión no es si el Congreso tiene derecho a solicitar más recursos, sino si ha demostrado de manera clara y convincente que esos recursos son necesarios y serán utilizados para los fines que invoca. Y cuando no existe una justificación transparente sobre la necesidad y el destino de los recursos, una asignación presupuestal de esta naturaleza simplemente no debería aprobarse.
Existe, además, un problema de principio. La ejecución presupuestal es también un indicador de gestión. Si una entidad pública no fue capaz de utilizar todos los recursos que se le asignaron, lo razonable sería preguntarse qué ocurrió, qué proyectos no se ejecutaron y qué deficiencias deben corregirse. Lo que resulta difícil de explicar es que la consecuencia de no haber gastado el dinero sea, precisamente, recibir más recursos.
En cualquier organización, pública o privada, la ineficiencia no se premia. Si un área no ejecuta su presupuesto, normalmente se revisa su planificación, se exigen explicaciones y se corrigen los errores. Pero en este caso pareciera ocurrir exactamente lo contrario: el dinero no utilizado se convierte en un nuevo crédito suplementario para la misma entidad.
La señal es aún más cuestionable si se observa el contexto reciente. Hace apenas unos días, la Mesa Directiva del Congreso aprobó un bono extraordinario de 2 UIT —equivalente a S/ 11.000 por trabajador— para miles de servidores del Parlamento. Los incentivos económicos en el sector público suelen justificarse por productividad, cumplimiento de metas o logros excepcionales. Sin embargo, resulta difícil identificar cuáles serían los resultados extraordinarios que justificarían hoy una decisión de esa naturaleza.
Por el contrario, el Congreso culmina este período legislativo con uno de los niveles de desaprobación ciudadana más altos de las últimas décadas. Su producción legislativa ha sido objeto de cuestionamientos; varias de sus decisiones han sido percibidas como alejadas de las prioridades de la población, y la confianza en la institución se encuentra seriamente deteriorada.
La desaprobación ciudadana no determina la legalidad de un gasto público, pero sí debería ser un llamado de atención sobre su legitimidad. Porque, aunque algo pueda ser legal, no necesariamente resulta oportuno, prudente o políticamente defendible.
Por eso, el problema de este crédito suplementario va más allá de una discusión presupuestal. Lo que está en juego es el mensaje que el Estado transmite a la ciudadanía. Un Congreso que no ejecutó la totalidad de su presupuesto, que solicita recursos adicionales para financiar principalmente gasto corriente y que, al mismo tiempo, aprueba bonos extraordinarios para su personal, termina dando la impresión de que los recursos públicos son un premio al que se tiene derecho, independientemente de los resultados obtenidos.
No se trata de negar la necesidad de implementar la bicameralidad. Si se decidió regresar al sistema de dos cámaras, es evidente que habrá gastos que asumir. Pero, precisamente por ello, se requieren transparencia y honestidad en el debate público.
Si el objetivo es financiar infraestructura para el Senado, el presupuesto debería reflejarlo claramente. No obstante, S/ 128.9 millones van al gasto corriente y S/ 26.33 millones a inversiones). Es decir, el 83 % del dinero terminará financiando funcionamiento del Congreso y beneficios, entonces el argumento de la bicameralidad se convierte en una justificación difícil de sostener.
Al final, la discusión no es solamente jurídica ni presupuestal. Es, sobre todo, una discusión ética. Porque en toda organización seria los resultados abren la puerta a los incentivos y a los recursos adicionales. En el Congreso peruano parece ocurrir exactamente lo contrario: primero llegan los beneficios y después se busca la justificación.
Y esa es la pregunta que debería responderse antes de aprobar este crédito suplementario: ¿por qué los ciudadanos deberían premiar con más recursos a un Congreso que ni siquiera pudo gastar adecuadamente el dinero que ya tenía asignado?
La bicameralidad puede requerir más presupuesto. Lo que no debería requerir es convertir la ineficiencia y el desprestigio en razones para recibir más dinero de los contribuyentes.
(*) Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
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