Los juicios en nuestro país, diríamos que son eternos y para muestra un botón. No, mejor dos: el primero el caso de los héroes del rescate de los rehenes en la residencia de la Embajada del Japón, en la operación Chavín de Huántar, caso que duró diecisiete años. El segundo es el del Frontón, que ya lleva cuarenta años y prosigue sin terminar, lo que ya es una burla a la justicia
Por: Antero Flores-Araoz
Desde hace varias décadas los justiciables y sus abogados nos quejamos de las demoras en demasía, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, en la tramitación de las causas y no exclusivamente de las penales, sino de las civiles, comerciales, laborales, contencioso-administrativos e incluso constitucionales.
Durante muchísimo tiempo se creyó que la demora era por las bajas remuneraciones de los magistrados judiciales y de la Fiscalía y, aunque fueron elevadas, la demora persistió por lo que en el Parlamento, un grupo de congresistas que habíamos sufrido en nuestro ejercicio profesional los retrasos ya habituales, entre los que se encontraban Lourdes Flores, Xavier Barrón, Jorge Avendaño, Javier Alva, y Aldo Estrada, presentamos proyecto de ley para que temas no contenciosos que se tramitaban ante el Poder Judicial pudiesen ser vistos por los notarios, lo que aliviaría la carga procesal en el Poder Judicial.
Es así que se llegó a aprobar y promulgarla Ley 26662 que permite a los notarios tramitar rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos y sucesión intestada. La ley en cuestión fue ampliada posteriormente con otras competencias notariales y con el mismo ánimo de reducir el despacho judicial.
La Ley 26662 ha cumplido treinta años y los notarios lo han recordado y conmemorado en su reciente Congreso Internacional que lleva el nombre del exmagistrado supremo César Fernández Arce. El Congreso estuvo presidido por el decano de los notarios Alejandro Collantes e inaugurado por la presidenta de la Corte Suprema Janet Tello. El primer panel de expositores estuvo integrado por dos de los autores de la citada ley, Lourdes Flores Nano y Antero Flores-Araoz, así como el exdecano del notariado Enrique Becerra Palomino.
Indiscutiblemente la Ley 26662 ha contribuido a la reducción del despacho judicial, aunque no tanto como lo esperado, siendo la demora judicial francamente insufrible y atentatoria contra disposiciones de tratados internacionales de Derechos Humanos de los que el Perú es signatario, los cuales consagran el derecho al debido proceso, así como ser juzgados sin dilaciones indebidas y en plazo razonable.
Los juicios en nuestro país, diríamos que son eternos y para muestra un botón. No, mejor dos: el primero el caso de los héroes del rescate de los rehenes en la residencia de la Embajada del Japón, en la operación Chavín de Huántar, caso que duró diecisiete años. El segundo es el del Frontón, que ya lleva cuarenta años y prosigue sin terminar, lo que ya es una burla a la justicia.
Quizás la disposición constitucional que obliga a la “motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias”, es un elemento que contribuye a la demora de los procesos y no porque la disposición sea incorrecta, sino que hay jueces que exageran y hacen motivaciones innecesariamente kilométricas, muchas veces con el famoso “corte y pega”.
Lo expresado nos lleva a proponer medidas adicionales a la de la competencia notarial en temas judiciales no contenciosos, para disminuir el despacho judicial. Una de ellas es hacer reformas en el sistema de conciliación obligatoria previa al proceso judicial y la segunda el arbitraje popular.
La conciliación a la que nos referimos, regida por la Ley 26872 “es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación Extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto”
Lamentablemente esta conciliación tampoco ha tenido los efectos esperados, ello debido a que las partes en conflicto no han puesto el empeño debido para llegar a acuerdos y que los centros de conciliación con sus conciliadores tampoco se han esforzado, por lo que habría que modificar la normatividad para que exista estadísticas obligatorias, renovación de autorización a los centros y a los conciliadores y si su desempeño no llega al 50% de acuerdos conciliatorios, simplemente no se les renueva las licencias.
En lo que se refiere al arbitraje, tanto el ad hoc, como los de centros arbitrales de las Cámaras de Comercio, entre otros, sus costos son altos, por lo cual, para temas sencillos, no complicados, incluso familiares, bien se podría fortalecer el arbitraje popular, con costos que sean prudentes.
Como vemos hay todavía soluciones alternativas que, de implementarse, ayudarían a reducir el despacho judicial.
Esperemos que desde el Poder Judicial, el Sector Justicia o diputados responsables -que también los hay- estudien la problemática y presenten los proyectos de ley que conviertan estas ideas en soluciones.
Antero Flores-Araoz
Parlamentario de 1990 al 2006, incluyendo congresista constituyente
Presidente del Congreso 2004-2005
Embajador ante la OEA 2007
Ministro de Defensa 2008-2009
Premier 2020
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