El Sexto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por Vicente Paul Espinoza Santillán contra el Ministerio de Educación (MINEDU), en un caso que confronta las reglas de designación y permanencia de las altas autoridades de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño resolvió admitir a trámite el proceso constitucional al verificar que la demanda cumple con todos los requisitos de admisibilidad formales. En la misma resolución, el juzgado dispuso emplazar al Procurador Público del Ministerio de Educación, otorgar un plazo de 10 días hábiles al MINEDU para que proceda a contestar formalmente la demanda y postergar la fijación de la audiencia única hasta recibir la contestación, con la finalidad de evaluar si se puede emitir una sentencia directa o si se requiere la sesión programada.
Como se recuerda, el actual superintendente, Vicente Paul Espinoza Santillán, fue nombrado inicialmente como representante del MINEDU ante el Consejo Directivo de la SUNEDU en diciembre de 2025 por un periodo fijo de tres años, tras la renuncia de su antecesor. Posteriormente, fue elegido por el propio consejo como Superintendente de la institución.
Sin embargo, el conflicto estalló hace unos días cuando el MINEDU emitió dos resoluciones consecutivas basadas en un nuevo criterio de «mandato institucional» o complementario. La Resolución Ministerial N° 338-2026-MINEDU, por el que recortó el periodo de Espinoza Santillán, señalando que su designación no iniciaba un nuevo periodo individual, sino que solo complementaba el tiempo restante de la gestión anterior; y la Resolución Ministerial N° 342-2026-MINEDU, que designó formalmente a Policarpio Chauca Valqui como el nuevo representante del ministerio ante la SUNEDU, desplazando al demandante.
Espinoza Santillán sostiene en su recurso que las acciones del MINEDU vulneran frontalmente el principio de legalidad, el debido procedimiento administrativo y su derecho al trabajo. Afirma que la Ley Universitaria vigente solo contempla mandatos fijos e individuales de tres años para los miembros del Consejo Directivo, sin que exista legalmente la figura de una «designación complementaria» o accesitaria para estos cargos. Agrega que no ha incurrido en ninguna de las causales explícitas de vacancia que estipula la ley.
Cabe indicar que el nuevo representante de Minedu, Policarpio Chauca Valqui, se desempeñó como rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) en la región Amazonas.
Su nombramiento ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública debido a sus antecedentes legales ya que registra investigaciones activas ante el Ministerio Público por presuntos delitos de acoso en forma agravada, extorsión, peculado, abuso de autoridad y falsificación documentaria. También cuenta con un reporte en dependencias policiales interpuesto por su expareja bajo cargos de acoso y amenazas.






































