Quiero ser clara en esto: nada de lo dicho aquí implica relajar los criterios con los que se evalúa a quienes desean adoptar. Todo lo contrario. La rigurosidad en el filtro —psicológico, social, legal, económico— debe mantenerse intacta, porque de eso depende el bienestar del niño. Lo que hay que combatir no es el criterio, sino los tiempos muertos, las duplicidades, la falta de digitalización y de personal, y los cuellos de botella que convierten un proceso que debería tomar meses en uno que se estira por años
Por: Carla Mares
https://carlamares.com/
Hace dos semanas, tuve contacto con una recién nacida abandonada en la vía pública. La bautizamos Milagros Martina —Milagros, porque fue un milagro encontrarla con vida entre unos arbustos; Martina, porque la persona que la encontró se llama Martín—. La salvamos gracias al trabajo conjunto de ciudadanos valientes, profesionales entregados a su labor y varias autoridades: la Policía, el MINSA, el MIMP, entre otras. Tras varios días de hospitalización, le dieron el alta. Hoy no solo goza de muy buena salud: ya está en casa de una familia acogedora, una pareja joven que no puede tener hijos biológicos y que, meses atrás, había acogido a otro bebé que hoy tiene nueve meses y cuyo proceso de adopción ya iniciaron. Fui testigo de primera mano de cómo esos esposos recibieron a la pequeña Martina con amor. Hoy Martina tiene una familia.
La segunda experiencia fue la entrega en adopción de Matías, un niño de dos años, a una pareja de esposos italianos llenos de ilusión que, tras cuatro años de trámite, pudieron finalmente concretar su deseo de ser padres.
Dos historias con final feliz. Pero también, dos historias que exponen la misma pregunta incómoda: ¿por qué, si hay tantos niños que podrían ser adoptados y tantas personas que quieren ser padres adoptivos, el camino que los une es tan largo, tan engorroso y tan burocrático?
El proceso de adopción en el Perú lo conduce la Dirección General de Adopciones (DGA) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y solo aplica a niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en situación de abandono —hoy llamada «desprotección familiar»—. Esto último depende del Poder Judicial y puede tardar mucho tiempo. En términos simples, contempla estas etapas:
1. Inscripción y evaluación. El solicitante presenta su expediente ante la DGA. Un equipo multidisciplinario —trabajo social, psicología, derecho— evalúa su situación económica, su salud física y mental, sus antecedentes y la dinámica familiar, incluyendo una visita al domicilio.
2. Talleres de preparación. Los postulantes asisten a sesiones informativas y talleres previos a la adopción.
3. Declaración de aptitud. Si todo lo anterior se aprueba, la familia queda hábil para ser considerada.
4. Asignación o «matching». Se les propone un niño según el perfil evaluado. Tienen un breve plazo para aceptar.
5. Periodo de «empatía» o vinculación. Visitas progresivas entre la familia y el menor, antes de la convivencia plena.
6. Colocación familiar y resolución final. Se formaliza la entrega y, más adelante, la adopción se resuelve legalmente.
Sobre el papel, el proceso es gratuito y está pensado para proteger al niño; no para satisfacer al adoptante, lo cual es correcto y no debe cambiar. El problema no es la existencia de filtros rigurosos: es que, en la práctica, todo este recorrido —sobre todo cuando se trata de adopciones internacionales, donde interviene la autoridad central del país de origen de los adoptantes— puede tomar entre dos y cinco años. A veces más, como le ocurrió a la familia de Matías.
Esa demora no es un detalle administrativo menor: tiene un costo humano altísimo, y se reparte en ambos lados de la balanza. Del lado de los adoptantes, muchas parejas terminan desistiendo a mitad de camino, agotadas por la “tramitología”, o deciden adoptar en otros países porque resulta más simple hacerlo afuera que en el Perú.
Del lado de los niños, el costo es todavía mayor. Mientras el expediente avanza a paso de tortuga, muchos van creciendo dentro de un albergue y terminan superando lo que, en la práctica, funciona como una «ventana de adopción»: cuanto mayor es la edad del niño, más difícil es que una familia lo elija. Para ellos, cada año de retraso institucional no es solo tiempo perdido: es, muchas veces, la diferencia entre tener una familia y no tenerla nunca; entre un futuro con más oportunidades y una infancia y adolescencia enteras dentro del sistema de protección.
Quiero ser clara en esto: nada de lo dicho aquí implica relajar los criterios con los que se evalúa a quienes desean adoptar. Todo lo contrario. La rigurosidad en el filtro —psicológico, social, legal, económico— debe mantenerse intacta, porque de eso depende el bienestar del niño. Lo que hay que combatir no es el criterio, sino los tiempos muertos, las duplicidades, la falta de digitalización y de personal, y los cuellos de botella que convierten un proceso que debería tomar meses en uno que se estira por años.
El interés superior del niño —ese principio que en el papel guía toda esta normativa— debería llevarnos, precisamente, a exigir una reforma de la Ley de Adopciones, que agilice y humanice el trámite sin perder un ápice de seriedad en la evaluación. Que la “tramitología” deje de ser un factor disuasivo para las familias que sí están preparadas para adoptar, y que la lentitud del Estado deje de ser, para tantos niños en situación de abandono, un obstáculo más entre ellos y una familia.
Martina y Matías ya tienen la suya. La pregunta que nos queda es cuántos niños más, ahora mismo, están esperando que el Estado deje de tardar tanto en encontrarles la suya.
Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
Instagram: @carlamares.sicreo
Tiktok: @carlamares.sicreo
Facebook: @carlamares.sicreo
