En los últimos 15 días, las provincias con riesgo extremo de contagios de covid-19 pasaron de 27 a 19 a escala nacional, lo que significa a su vez una reducción de 7.1 millones a 5.2 millones de peruanos que ahora vivirán en las condiciones establecidas para esa categoría, que es la más restrictiva.
La presidenta del Consejo de Ministro, Violeta Bermúdez, informó que una de esas provincias que dejaron el riesgo extremo es el Callao, que ahora pasará a nivel muy alto.
Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la jefa del Gabinete manifestó que la curva de fallecidos a causa de la pandemia también muestra un ligero descenso, pero no en la intensidad esperada.
Informó asimismo que se incrementaron las plantas de oxígeno medicinal. “En los meses de gestión que tiene el gobierno de transición y emergencia, pasamos de tener 63 plantas a 162. Sin embargo, seguimos haciendo gestiones para implementar adicionales”, señaló.
En cuanto al proceso de vacunación, señaló que el de las personas adultas mayores continúa avanzando, al igual que la inmunización del personal de las Fuerzas Armadas y Policía.
“Las vacunas son el mejor escudo para protegernos de la pandemia. Por eso, el Estado peruano ha garantizado 48 millones de dosis de vacunas que continuarán llegando a lo largo del 2021. No obstante, seguimos coordinando con otros laboratorios”.
Por su parte, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, dijo que para el período del 29 de marzo al 11 de abril regirán en 19 provincias las condiciones establecidas para el riesgo extremo en cuanto a aforos y desarrollo de actividades; en 163 las condiciones de riesgo muy alto, entre ellas Lima Metropolitana y ahora el Callao; y 14 en riesgo alto.
Esparch refirió que el ritmo de reproducción del virus, lo que se denomina RT (número reproductivo efectivo) pasó de 0.9 a 1.03 en la última semana, lo que “es una alerta para evitar la movilidad, que sabemos que nos expone a la transmisión del virus”.
Por otro lado, puntualizó que en la Semana Santa (del 1° al 4 de abril) habrá un paréntesis porque regirán a escala nacional las medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno.
“Las actividades permitidas serán los mercados y tiendas de abastecimiento de productos básicos de 4:00 a 18:00 horas, servicios básicos esenciales, servicios de seguridad ciudadana, prensa (24 horas), delivery de farmacias y boticas (24 horas), delivery de restaurantes de 4:00 a 23:00 horas y la atención de emergencias en establecimientos de salud (24 horas)”, refirió.
Además, precisó que se permitirá el transporte público y taxis autorizados, pero se suspende el transporte nacional, interprovincial (tanto aéreo como terrestre), del jueves 1° al sábado 3 de abril, quedando también prohibido el uso de autos particulares, por lo que las personas deberán hacer las compras a pie o en bicicleta.
Sostuvo también que el 11 de abril, día de las elecciones generales en todo el territorio nacional, habrá un régimen especial que permitirá que la población pueda salir a ejercer el derecho a voto.
“En adición, solicitamos a los ciudadanos que es indispensable seguir las indicaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en términos de la seguridad que debemos tener ese día y no olvidar el uso de la mascarilla, el alcohol, el distanciamiento y todas las medidas que hemos aprendido este año”, añadió la titular de Defensa.
La Jefa del Gabinete informó que tras la sesión del Consejo de Ministros se acordó encargar a Servir y al Ministerio de Justicia evaluar una acción de inconstitucionalidad por la ley que elimina progresivamente el régimen CAS. Mencionó, además, la necesidad de entablar un diálogo con el Congreso, a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada. “Hicimos una evaluación a la Ley N° 31131, conocida como la Ley CAS, y lo primero que se destacó es el compromiso del Gobierno con un servicio civil meritocrático, organizado y respetuoso de los derechos laborales de todos los servidores públicos. Sin embargo, evaluamos que en el texto de la ley aprobada se dejó de lado la implementación de la carrera pública”, manifestó.
Se analizó que una de sus disposiciones prohíbe la contratación de personal bajo el régimen CAS a partir de su vigencia, es decir desde el 9 de marzo, lo que generó un problema en las contrataciones en diversas entidades. Explicó que esta paralización en la contratación de personal podría tener consecuencias en los servicios esenciales.
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Un Comentario
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