Colombia tuvo presidente electo a las pocas horas de cerradas las urnas —tanto en primera como en segunda vuelta— y el Perú necesitó 35 días para saber quién pasaba al balotaje y casi un mes más para proclamar a la ganadora. Algo más que kilómetros separó a ambos países: los separó la confianza
Por: Carla Mares (*)
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Los números son elocuentes. El 12 de abril, más de 20 millones de peruanos votaron entre 35 candidatos presidenciales, un récord. Sin embargo, la proclamación oficial de quiénes pasaban a segunda vuelta —Keiko Fujimori y Roberto Sánchez— recién llegó el 17 de mayo: 35 días después, tras revisar más de 68,000 actas observadas y transmitir en vivo más de 2300 audiencias públicas. En la segunda vuelta, celebrada el 7 de junio, la ONPE culminó su conteo definitivo recién el 29 de junio —22 días después—, y el JNE tiene previsto proclamar a la ganadora el 3 de julio, casi un mes después de la votación. Ese tiempo no es un detalle logístico menor: es el espacio en el que crece la sospecha.
La primera vuelta estuvo marcada por un problema real: la empresa contratada para distribuir el material electoral no lo entregó a tiempo en numerosos locales de Lima, lo que obligó a abrir mesas con hasta cinco horas de retraso y, en 13 colegios, al día siguiente, lo cual afectó a más de 52,000 electores. La crisis costó la renuncia de Piero Corvetto, entonces jefe de la ONPE. Sobre esa base real de desorden, Rafael López Aliaga y Renovación Popular construyeron un relato de fraude que dejó una marca: la sensación de que el sistema no es confiable, pues lo impregna un aura de corrupción.
En la segunda vuelta, el guión se repitió con los papeles invertidos. Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, tras perder por apenas 49,641 votos —menos de un tercio de punto porcentual—, denunciaron fraude en el voto en el extranjero y presentaron recursos de nulidad que los Jurados Electorales Especiales rechazaron uno por uno, por falta de sustento probatorio. No importa qué lado grite “¡Fraude!” primero: cuando la derecha lo hace en primera vuelta y la izquierda en la segunda, el problema deja de ser de un partido y pasa a ser del sistema. Y no es el único proceso electoral peruano signado por objeciones de esta índole.
Ahí está la clave que no debemos perder de vista: los dos bandos decidieron no confiar en el árbitro. Por eso Fuerza Popular convocó a cerca de 100,000 personeros voluntarios para cubrir la práctica totalidad de las más de 92,000 mesas del país, y Juntos por el Perú respondió que desplegaría todavía más. Cuando ambos contendores sienten que necesitan un ejército de «ojos y oídos» propios en cada mesa para poder dormir tranquilos, la conclusión no es que los partidos sean desconfiados por naturaleza: es que la ONPE y el JNE han perdido, a fuerza de tropiezos reales y proclamaciones tardías, la autoridad moral que solo otorgan la eficiencia y la transparencia.
El contraste con Colombia es aleccionador, aunque conviene matizarlo. Es cierto que allí el sistema entrega, a pocos minutos de cerradas las urnas, un preconteo —un conteo rápido, no vinculante pero extremadamente preciso— que en la práctica define al ganador esa misma noche, tanto en la primera vuelta del 31 de mayo como en el ajustadísimo balotaje del 21 de junio. El propio presidente Gustavo Petro cuestionó los resultados en ambas rondas, sin aportar pruebas; pero la Registraduría, la Misión de Observación Electoral, la OEA y la Unión Europea desmintieron sus denuncias en cuestión de días, y su propio candidato, Iván Cepeda, terminó reconociendo la derrota. La diferencia no es que Colombia esté libre de acusaciones de fraude: es que allí esas acusaciones se estrellan contra un sistema técnico y transparente en el que hasta el gobierno de turno confía lo suficiente como para no paralizar el país. El escrutinio jurídico definitivo colombiano, a cargo de jueces y notarios, sigue tomando algunos días adicionales; pero la ciudadanía ya sabe quién gobernará desde la misma noche electoral. Esa certeza inmediata es, precisamente, lo que al Perú le falta.
¿Qué explica la diferencia? En parte, la complejidad: el Perú eligió el mismo día presidente, senadores, diputados y Parlamento Andino, con la novedad de un Congreso bicameral, mientras que Colombia solo definía la presidencia. Asimismo, debe considerarse el número de candidaturas: 35 en la papeleta peruana, frente a 13 en la colombiana. Pero, sobre todo, la diferencia es de diseño institucional y de tecnología: Colombia cuenta con un sistema de transmisión de resultados preliminares ágil y confiable, mientras el Perú arrastra un modelo donde cualquier acta observada —incluso alguna previamente validada por los propios personeros del partido que después la impugna— puede trabar el proceso durante semanas.
Por eso urge una revisión integral, en tres frentes.
En lo operativo, el Perú necesita un sistema de conteo rápido oficial y públicamente verificable, similar al preconteo colombiano, que ofrezca una tendencia confiable horas después del cierre de mesas, sin esperar semanas por el cómputo definitivo. La digitalización y transmisión de actas deben modernizarse, para reducir el margen de error humano que hoy alimenta las impugnaciones.
En las reglas de juego, hace falta blindar el proceso contra la impugnación caprichosa. Un acta ya validada por los personeros de todos los partidos —incluido el que después reclama— no debería poder reabrirse sin una causal objetiva y documentada. Los plazos para resolver observaciones deben ser perentorios y no indefinidos, como ocurrió con las más de 68,000 actas observadas en la primera vuelta.
En la estructura del poder electoral, conviene evaluar si la actual arquitectura tripartita —RENIEC, ONPE y JNE— sigue siendo la más eficiente, o si conviene reforzar la independencia técnica de sus autoridades frente a la presión política, con procesos de selección más transparentes que los que hoy generan dudas sobre cada jefatura.
Ninguna reforma evitará que un candidato que pierde por poco sienta la tentación de gritar “¡Fraude!”. Eso es, lamentablemente, parte del folclor político latinoamericano. Pero si el sistema responde con rapidez, transparencia y resultados verificables en horas y no en semanas, esas denuncias se desvanecen solas, como le ocurrió a Petro. Si en cambio el sistema tarda 35 días en decir quién pasa a la segunda vuelta, la sospecha no muere: se alimenta. Y un país que no puede confiar en cómo cuenta sus votos, tarde o temprano, dejará de confiar en lo que esos votos deciden.
Esta es una tarea que no debe postergarse. No podemos arrastrar hacia el próximo proceso electoral las mismas taras que ya quedaron evidenciadas en este: la logística que falla, las actas que se impugnan sin sustento, la proclamación que se demora semanas mientras el país entero contiene la respiración. Cada vez que se posterga esta reforma, la desconfianza ciudadana no se aquieta: crece. Y esa desconfianza no solo debilita a la ONPE y al JNE como instituciones; termina deteriorando la democracia misma, porque un sistema que no logra que ambos bandos crean en su propio resultado es un sistema que, tarde o temprano, alguien decidirá no respetar.
(*) Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
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