El debilitamiento de la presidencia no significa que el Ejecutivo sea irrelevante. Significa que sus errores cuestan más. Un gobierno que asusta al mercado, renegocia contratos irresponsablemente y gasta sin disciplina fiscal deja heridas que toman años en sanar
Por: Carla Mares (*)
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Hoy, luego de que el Congreso peruano abusara de la figura de la vacancia presidencial hasta convertirla en una herramienta política, muchos peruanos hemos llegado a creer que da igual quién gobierna; que el presidente de turno es apenas una figura decorativa condenada a caer antes de tiempo
Esa resignación, comprensible después de años de inestabilidad forzada, es también peligrosa. Porque los gobiernos sí tienen consecuencias; y esta elección, más que otras, las tendrá.
Roberto Sánchez recorre un camino ideológico conocido: estatización de sectores estratégicos, renegociación de contratos con empresas privadas, mayor intervención del Estado en la economía. Que hoy suavice su discurso para captar votos no borra lo que está escrito en su plan de gobierno. Las ideas no desaparecen; solo se posponen.
¿Qué significa eso en la práctica? Veamos tres ejemplos concretos. Primero, el empleo. Cuando un gobierno amenaza con cambiar las reglas de juego, las empresas frenan la contratación. No es ideología: es cálculo. Una minera que no sabe si su contrato seguirá vigente en dos años no abre nuevas operaciones. Un inversionista que teme una estatización no trae capital. El resultado lo siente el ciudadano: menos trabajo, salarios estancados, más informalidad.
Segundo, el precio de los productos básicos. El Estado peruano no tiene capacidad gerencial para administrar empresas eficientemente; lo demostró durante décadas antes de las reformas de los noventa. Cuando el gobierno interviene en la producción o distribución de bienes, los costos suben y la calidad baja. La familia que compra gas, electricidad o alimentos básicos termina pagando más por menos. Los más golpeados, como siempre, son los hogares de menores ingresos.
Tercero, los servicios públicos. Las promesas de Sánchez implican un gasto mayor orientado a ampliar planillas estatales. Eso no es inversión: es gasto corriente que se financia con deuda o más impuestos. Cuando el equilibrio fiscal se rompe, el Estado recorta donde más duele: hospitales sin medicamentos, carreteras que no se construyen, escuelas sin mantenimiento. Consecuencias invisibles en el discurso electoral, pero evidentes en la vida cotidiana.
El debilitamiento de la presidencia no significa que el Ejecutivo sea irrelevante. Significa que sus errores cuestan más. Un gobierno que asusta al mercado, renegocia contratos irresponsablemente y gasta sin disciplina fiscal deja heridas que toman años en sanar.
Votar con responsabilidad no es votar por el candidato perfecto. Es votar sabiendo que las ideas tienen consecuencias, que las promesas —aunque se disfracen— revelan intenciones, y que el destino del país lo decide, en buena medida, quien ocupa Palacio de Gobierno. El voto es de cada uno; las consecuencias, de todos.
(*) Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
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