Una propuesta legal para la conversión de penas privativas de libertad no mayor de ocho años a jornadas de prestación de servicio a la comunidad en delitos de escasa o mínima lesividad social como omisión a la asistencia familiar, entre otros, plantearon diversos jueces penales ante la presidencia del Poder Judicial.
Dicha iniciativa también sugiere la conversión para aquellos delitos que cumplan ciertos parámetros relacionados a la gravedad del ilícito y el cumplimiento de la pena, a fin de disminuir el actual hacinamiento carcelario.
Se plantea, además, la variación de la medida de prisión preventiva por comparecencia restrictiva para aquellos procesados que pertenezcan a los grupos de riesgo de infección por covid-19.
De esa forma, el titular de la judicatura, con el concurso de jueces y el apoyo técnico del gabinete de asesores, dio forma a esta iniciativa legislativa que busca descongestionar los penales del país y evitar el contagio de los internos por la pandemia del covid-19.
La propuesta legislativa, de igual modo, está sustentada en diversos informes, documentos y pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, así como de personalidades del Derecho sobre el riesgo que afronta la población penitenciaria en los países afectados por la pandemia. Así, considera la información remitida por el Consejo Técnico Penitenciario al Poder Judicial, de fecha 7 de abril del 2020, en la que indica que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no está en condiciones de recibir más internos durante el estado de emergencia.
Este informe indica, además, que el sistema penitenciario nacional ha alcanzado niveles críticos ya que tiene una capacidad para 40,600 internos, pero actualmente alberga a más de 97,600.
La propuesta recoge la recomendación de la Corte IDH a los gobiernos de la región para que evalúen la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, el arresto domiciliario o libertad anticipada, para personas consideradas en el grupo de riesgo y quienes estén pronto a cumplir sus condenas. También ha propuesto la reevaluación de los casos de prisión preventiva a fin de identificar aquellos que puedan ser sustituidos por medidas alternativas a la prisión, entre otros.