La decisión de la Fiscal de la Nación de abrir investigación al presidente para luego suspenderla hasta el final de su mandato—si bien está de acuerdo con la nefasta práctica de las últimas décadas—ahonda la crisis de credibilidad que merecidamente sufre el presidente Castillo.
Independientemente de las consideraciones de índole legal/constitucional, es el propio presidente quien debiera haber impulsado la investigación. Prometió abrir sus cuentas y facilitar la investigación. El presidente ha hecho todo lo contrario.
Y con esta decisión se pone en riesgo la posibilidad de conocer la verdad al hacer difícil si no imposible la recolección de medios probatorios. Así, lenta pero inexorablemente, el presidente sepulta sus promesas de un gobierno distinto, enfrentado a la corrupción, y abre la puerta para quienes reclaman la vacancia por incapacidad moral permanente.
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