El centralismo no es solo una herencia colonial: es una decisión política que se renueva cada día. Y la regionalización, ese gran proyecto inconcluso, sigue siendo una promesa rota
Por: Melitza Yanzich
Analista Política y Social
Hay una frase que se repite en provincias con una mezcla de resignación y rabia: «Lima es el Perú, y el resto es paisaje». No es una hipérbole: es casi una descripción estadística. Dos siglos después de la independencia, el poder político, económico y cultural sigue concentrado en una sola ciudad, una mancha gris sobre el desierto costeño que alberga al 30,2% de la población nacional y genera casi la mitad del PBI.
No es una anomalía geográfica. Es la consecuencia de siglos de decisiones e intereses creados que han hecho del centralismo limeño el rasgo más persistente y dañino de la vida pública peruana.
“El centralismo no es herencia del pasado. Es una política del presente.”
Diagnóstico histórico: una deuda impagable
El centralismo peruano tiene raíces coloniales. Lima fue fundada como sede del Virreinato, el centro administrativo desde donde España gobernaba media América del Sur. Esa arquitectura del poder no se desmontó con la independencia: la república criolla la heredó, la acomodó a sus intereses y la profundizó.
Durante el siglo XX, cada gran ciclo económico, el guano, el salitre, la pesca, la minería, generó riqueza que transitó brevemente por las regiones y terminó acumulándose en la capital. Carreteras, universidades, hospitales, ministerios, tribunales: todo convergió en Lima. Las regiones exportaban materias primas y recibían a cambio promesas.
El investigador Efraín Gonzales de Olarte lo resumió hace décadas: Perú padece un «desarrollo regional trunco», donde la integración al mercado nacional no implica desarrollo local, sino extracción periférica para beneficio central. Hoy, Lima y Callao concentran más del 50% del PBI nacional.
DATOS CLAVE
30,2% de la población nacional vive en Lima Metropolitana (INEI 2024)
~48% del PBI nacional se genera en el departamento de Lima
70%+ de la inversión pública históricamente concentrada en Lima y el Callao
24 + 1 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao = 25 gobiernos regionales, ninguno con autonomía fiscal real
0 macrorregiones consolidadas desde la reforma de regionalización
Podríamos decir entonces que la verdadera regionalización que nunca llegó
En 2002, bajo el gobierno de Alejandro Toledo y en el calor democrático del post el gobierno de Alberto Fujimori, se aprobó la Ley de Bases de la Descentralización. Era, en teoría, el momento fundacional: Perú se dividiría en regiones autónomas que asumirían competencias, recursos y capacidad de decisión. Era el fin del centralismo.
No funcionó. Los veinticuatro departamentos más el Callao, que pasaron a llamarse gobiernos regionales, fueron, en su mayoría, las mismas circunscripciones heredadas del siglo XIX con otro nombre y un presidente regional encima. No hubo reforma fiscal seria, no hubo transferencia real de capacidad técnica, no hubo integración económica entre territorios. El Estado central mantuvo el control del presupuesto, los ministerios siguieron dictando desde Lima, y los gobiernos regionales quedaron atrapados entre la burocracia central y la corrupción local.
El referéndum de 2005 para crear macrorregiones, la propuesta más ambiciosa de integración territorial fue rechazado masivamente. Los ciudadanos, escépticos ante una reforma que no había dado resultados visibles en tres años, votaron en contra. El proyecto murió. Y con él, la única oportunidad real de reordenar el mapa del poder.
El presente: una herida abierta
Hoy, la coyuntura política peruana hace el diagnóstico más urgente que nunca. La crisis de representación que vive el país, con un Congreso desprestigiado, un Ejecutivo débil y una ciudadanía que ha desbordado varias veces las instituciones, tiene raíces profundas en la desconexión territorial. Las protestas de 2022 y 2023, en las que el sur andino fue el epicentro de la movilización social, no fueron solo una reacción a la crisis política inmediata: fueron el grito acumulado de regiones que se sienten invisibles para el Estado limeño.
Esa sensación no es irracional. En Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac, departamentos con alta pobreza, débil presencia estatal y economías extractivas, la distancia con Lima no es solo geográfica. Es institucional, cultural y presupuestaria. El Estado llega tarde, llega mal, o no llega.
“Las protestas del sur no fueron contra un presidente. Fueron contra una capital.”
¿Qué reformas son posibles?
Los caminos existen. El problema no es técnico: el problema es político. Una reforma descentralizadora real requeriría, como mínimo, cuatro elementos que hoy no están sobre la mesa con seriedad.
Primero, una reforma fiscal territorial que garantice a las regiones participación directa en la recaudación generada en su territorio, especialmente en canon minero y recursos naturales. Segundo, una fusión o integración de regiones en macrorregiones funcionales con masa crítica económica y demográfica para ser viables. Tercero, un fortalecimiento de capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales, que hoy ejecutan mal el presupuesto no por desidia, sino por falta de cuadros profesionales. Y cuarto, una voluntad política desde Lima, desde el Congreso, el Ejecutivo, los partidos políticos, de ceder poder real, algo que históricamente las élites capitalinas han sabido postergar con maestría.
En Perú esa presión social ya existe y se ha expresado con fuerza en las calles. Lo que falta es la arquitectura institucional que la encauce y la voluntad política de las élites limeñas para sentarse a negociar un nuevo pacto territorial.
Lima como síntoma, no como culpable
Es importante hacer una distinción que a menudo se pierde en el debate: Lima no es el enemigo. Lima es también víctima del centralismo. Una ciudad que recibe migrantes de todo el país sin infraestructura suficiente, con servicios desbordados, con una brecha enorme entre sus distritos ricos y sus conos populares. El centralismo no beneficia a los limeños: beneficia a las élites que controlan el Estado desde Lima.
El problema no es Lima como ciudad. El problema es un modelo de organización del poder que concentra las decisiones, los recursos y las oportunidades en un solo punto geográfico, empobrece a la periferia y termina deformando también al centro.
Mientras eso no cambie, el Perú seguirá siendo, en los hechos, veinticuatro departamentos, una provincia constitucional y una capital que los administra desde lejos. Y la promesa de la descentralización seguirá siendo lo que ha sido durante veinte años: una deuda pendiente con la democracia.
