Un país aprende el día que su Estado descubre que la respuesta no siempre está en un ministerio; a veces lleva años funcionando, calladamente, a tres horas de la capital
Por: Melitza Yanzich
Analista Política y Social
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¿Cuántas soluciones a los problemas del Perú ya fueron probadas, medidas y demostradas y siguen esperando que alguien del Estado pregunte por ellas?
Mientras la política peruana discute en grande y ejecuta a medias, hay un sector entero del país que lleva décadas haciendo exactamente lo contrario: ejecutar en pequeño y demostrar con evidencia. Es el tercer sector, las organizaciones que no son Estado ni empresa: ONG, fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones de base, y quien lo siga imaginando como voluntarismo bien intencionado no lo ha visto trabajar de cerca. Estas organizaciones levantan fondos competitivos ante donantes exigentes, rinden cuentas con auditorías internacionales, miden sus resultados con indicadores que muchas entidades públicas no conocen, y acumulan un activo que ningún ministerio posee: el conocimiento fino de lo que funciona y lo que no en el territorio real, comunidad por comunidad. Su limitación es conocida: sus proyectos, por buenos que sean, rara vez superan la escala local. La del Estado también: tiene la escala, pero le falta la evidencia. La pregunta que debería ocuparnos es por qué dos piezas que encajan tan perfectamente siguen sin ensamblarse.
Conviene empezar por desmontar el prejuicio. El tercer sector peruano se profesionalizó a la fuerza: los flujos de cooperación internacional privada vienen decreciendo desde 2012, y esa escasez operó como un filtro implacable. Las organizaciones que perduran son las que aprendieron a formular proyectos con marco lógico, ejecutar con trazabilidad, medir con indicadores de desempeño y evaluar contra líneas de base, porque de ello depende, literalmente, su supervivencia.
En el Perú operan cientos de organizaciones registradas que canalizan del orden de 300 millones de dólares anuales en cooperación, y detrás de cada una hay algo más valioso que el dinero: sistemas de seguimiento, evaluaciones de impacto, errores documentados y aprendizajes ya pagados. El país cuenta, sin saberlo, con un archivo nacional de experimentación social que ningún gobierno ha inventariado.
Y, sin embargo, la conversación pública sobre estas organizaciones transcurre en otra frecuencia. En los últimos años, el debate se ha concentrado casi exclusivamente, en una palabra: fiscalización. Digámoslo sin ambigüedad: la transparencia es innegociable; quien administra recursos, públicos o donados, debe rendir cuentas, y las organizaciones serias son las primeras en defenderlo porque viven de su credibilidad. Pero un país que solo audita a su tercer sector y nunca lo consulta está desperdiciando la mitad más valiosa de la relación. Es como revisar minuciosamente las cuentas de un laboratorio sin leer jamás sus resultados. Controlar lo que gastan sin aprender de lo que saben es la peor combinación posible: toda la desconfianza, ningún aprendizaje.
El precedente peruano demuestra lo que se gana cuando ocurre lo contrario. Haku Wiñay, uno de los programas productivos más evaluados y exitosos de FONCODES, no nació en un ministerio: nació de Sierra Productiva y su modelo de Machachi campesinos que capacitan a campesinos, una innovación de la sociedad civil que el Estado tuvo la lucidez de adoptar y llevar a escala nacional. Fe y Alegría gestiona escuelas públicas en convenio con el Estado desde hace más de medio siglo, con resultados que la evidencia respalda. El modelo existe y funciona. Lo que no existe es el mecanismo para repetirlo sistemáticamente, y esa es exactamente la propuesta de este artículo.
El mecanismo cabe en dos instrumentos complementarios. El primero: un Observatorio Nacional del Tercer Sector o del impacto social, el nombre importa menos que la función que inventaríe las intervenciones de estas organizaciones con una ficha común: qué problema atacan, con qué metodología, con qué indicadores, con qué resultados verificados y a qué costo por beneficiario. No un registro más para controlar, sino una vitrina de evidencia para aprender, con criterios explícitos que separen categorías que hoy se confunden: lo que funcionó de lo que no —porque los fracasos documentados también enseñan y ahorran millones, y lo que funciona a pequeña escala de lo que es viable de escalar, que no es lo mismo. Hay intervenciones magníficas que dependen de un liderazgo irrepetible o de costos que no resisten la multiplicación; reconocerlo con honestidad es parte del método, no una descortesía.
El segundo instrumento: mesas de escalamiento por sector educación, nutrición, empleo, agua, primera infancia donde los ministerios se sienten periódicamente con las organizaciones cuya evidencia haya pasado el filtro. No para escuchar testimonios, sino para responder una pregunta de gestión: ¿qué se necesita para llevar este resultado de mil beneficiarios a cien mil? A veces la respuesta será presupuesto; otras, un convenio como el de Fe y Alegría; otras, que el Estado adopte la metodología y la ejecute él mismo, como hizo con los yachachiq. En todos los casos, el piloto ya está pagado y el error ya está corregido: escalar evidencia probada es la inversión pública menos riesgosa que existe.
Nada de esto funcionará sin que cada actor cargue su parte de la viga. Al Estado le toca crear el observatorio y las mesas con reglas claras y sin sesgo ideológico: la evidencia no pregunta por quién votó la organización que la produjo. Al tercer sector le toca someterse al escrutinio de sus pares y del método: publicar resultados, abrir sus evaluaciones, aceptar que no todo lo bien intencionado funciona y que no todo lo que funciona escala. Al sector privado y a la cooperación, orientar sus fondos hacia lo que el observatorio identifique como escalable, multiplicando el efecto de cada dólar donado.
Y a los ciudadanos, valorar y exigir este puente: cada peruano que dona, hace voluntariado o simplemente vota tiene derecho a que las soluciones ya probadas en su distrito no mueran de pequeñez mientras los problemas mueren de grandeza.
El Perú no sufre escasez de soluciones: sufre escasez de escucha. Los pilotos están hechos, los indicadores existen, los aprendizajes están pagados. Falta la mesa donde el Estado, con humildad y con método, pregunte lo que el territorio ya sabe.
Un país aprende el día que su Estado descubre que la respuesta no siempre está en un ministerio; a veces lleva años funcionando, calladamente, a tres horas de la capital.
Fuentes: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) — Registros de ONGD, ENIEX e IPREDA y declaraciones oficiales sobre organizaciones y flujos de cooperación, 2024; COEECI — Estudio “Desarrollo y democracia en el Perú: contribución de la cooperación internacional y rol de las organizaciones de la sociedad civil”; FONCODES / MIDIS — Evaluaciones del programa Haku Wiñay; GRADE e Instituto de Estudios Peruanos — Evaluaciones de impacto de programas productivos rurales; Fe y Alegría del Perú — Memoria institucional sobre gestión de escuelas públicas en convenio; Ley N° 27692 — Ley de creación de la APCI y modificatorias, 2025.
