El proceso de transferencia que hoy comienza ofrece una oportunidad para recordar que gobernar no consiste únicamente en administrar un presupuesto o ejecutar obras. Implica, ante todo, administrar la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones. Porque la rendición de cuentas no debería ser el acto con el que termina un Gobierno: debería ser la forma en que se ejerce el poder, todos los días
Por: Carla Mares (*)
https://carlamares.com/
Esta semana comenzará formalmente el proceso de transferencia entre el gobierno que concluye su mandato y las nuevas autoridades que asumirán la conducción del país. Como ocurre cada cinco años (o debería ocurrir, en el entendido de que los presidentes democráticamente elegidos culminen su encargo quinquenal), veremos informes de gestión, balances de cumplimiento de metas, inventarios patrimoniales y estados financieros. En otras palabras, presenciaremos uno de los ejercicios de rendición de cuentas más importantes del Estado peruano.
Pero vale la pena preguntarnos: ¿rendir cuentas consiste únicamente en entregar documentos al gobierno entrante? La respuesta es no. La rendición de cuentas es mucho más que un requisito administrativo o un acto protocolar. Es el mecanismo mediante el cual quienes ejercen el poder explican, justifican y responden por las decisiones que adoptaron, los recursos que administraron y, sobre todo, los resultados que obtuvieron. En una democracia, administrar recursos públicos implica también responder por ellos.
Y esos recursos no pertenecen al Estado: son patrimonio de todos los peruanos. Cada obra pública, cada programa social, cada compra estatal y cada contrato se financian, directa o indirectamente, con el esfuerzo de millones de ciudadanos que pagan impuestos y esperan que ese dinero se traduzca en mejores hospitales, escuelas, carreteras, seguridad y oportunidades. Por eso, la pregunta sobre cómo se gastan los recursos públicos no es un asunto reservado para economistas o funcionarios; es, en realidad, una pregunta que debería preocuparnos a todos.
Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del desafío. Durante 2025, el Estado ejecutó alrededor de S/ 272,5 mil millones del presupuesto público. De ese total, aproximadamente el 60 % fue ejecutado por el Gobierno nacional, el 22 % por los gobiernos regionales y el 18 %* por los gobiernos locales.
Sin embargo, cada año miles de millones de soles quedan sin ejecutarse o se aplican tardíamente, especialmente en el caso de los proyectos de inversión pública. Detrás de esa baja ejecución no suele haber una sola explicación. Confluyen expedientes técnicos deficientes, procesos de contratación que se frustran, alta rotación de funcionarios, limitada capacidad de gestión, conflictos sociales y un exceso de trámites que muchas veces termina paralizando la toma de decisiones.
Pero el problema tampoco se resuelve únicamente ejecutando más presupuesto. Un Estado puede gastar el 98 % o incluso el 100 % de los recursos asignados y, aun así, hacerlo mal. Puede construir obras innecesarias, sobrevaloradas, ineficaces para resolver los problemas para los que fueron diseñadas, o simplemente dejarlas inconclusas. La buena gestión pública no consiste en gastar más, sino en gastar mejor.
A ello se suma un factor que continúa erosionando la legitimidad del Estado: la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el Perú obtuvo 30 puntos sobre 100 en su medición más reciente, ubicándose entre los países con peor percepción de corrupción a nivel mundial y registrando uno de sus resultados más preocupantes de los últimos años. Detrás de ese indicador, hay una realidad que los ciudadanos conocen bien: la sensación de que los recursos públicos no siempre llegan a donde deberían llegar.
La corrupción no comienza únicamente cuando alguien se apropia del dinero público. Comienza mucho antes: cuando nadie pregunta, nadie explica y nadie responde por las decisiones que se toman. Cuando un proyecto se sobrevalora, una obra queda inconclusa, un proceso de contratación se manipula o un funcionario desvía recursos públicos para fines particulares, no solo se infringe la ley: se rompe el vínculo de confianza entre el Estado y la ciudadanía. Cada sol mal utilizado representa un colegio que no se construyó, un centro de salud que no se equipó o una carretera que nunca benefició a quienes más la necesitaban.
Las consecuencias trascienden el perjuicio económico. Sabemos que la corrupción alimenta el desencanto ciudadano y debilita la disposición a cumplir con las obligaciones tributarias. Es difícil pedir mayores esfuerzos fiscales cuando muchas personas perciben que el dinero que aportan no retorna en servicios públicos de calidad ni se administra con responsabilidad. Sin confianza, el contrato social se resquebraja.
En ese contexto, resulta relevante el Proyecto de Ley N.º 12054/2025-CR, que propone fortalecer el Sistema Nacional de Control incorporando nuevas consecuencias para aquellos funcionarios que, pese a las alertas formuladas durante el control concurrente, omitan adoptar las medidas correctivas correspondientes. La iniciativa busca que las advertencias de la Contraloría no queden en simples recomendaciones, sino que generen una responsabilidad efectiva cuando sean injustificadamente ignoradas. Se trata de una propuesta que puede contribuir a fortalecer el sistema de control; no obstante, sería un error pensar que una reforma normativa, por importante que sea, resolverá por sí sola los problemas de la gestión pública.
El Perú no carece de normas sobre transparencia, control o fiscalización. Tampoco carece de instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos públicos. Lo que aún está pendiente es consolidar una verdadera cultura de rendición de cuentas. Esto supone entender que explicar las decisiones, justificar el uso de los recursos, reconocer errores y corregir oportunamente no debe ser una obligación que aparece solo cuando intervenga un órgano de control. Debe ser una forma habitual de ejercer la función pública.
Esa transformación también exige fortalecer las capacidades del propio Estado. La rendición de cuentas pierde eficacia si las entidades no cuentan con funcionarios capacitados, información confiable, indicadores de desempeño o procesos que permitan evaluar realmente los resultados. No basta con controlar procedimientos; es indispensable evaluar si las políticas públicas resolvieron los problemas para los que fueron concebidas.
El proceso de transferencia que hoy comienza ofrece una oportunidad para recordar que gobernar no consiste únicamente en administrar un presupuesto o ejecutar obras. Implica, ante todo, administrar la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones. Porque la rendición de cuentas no debería ser el acto con el que termina un Gobierno: debería ser la forma en que se ejerce el poder, todos los días.
(*) Abogada por la Universidad de Piura
Doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra (España) y en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia (Italia)
Docente ordinaria e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Pacífico
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